Universal.com.mx

La 61 Legislatura de la Cámara de Diputados inicia con un pleno seccionado por intereses —con legisladores identificados con al menos 15 personajes de la política—, con una agenda legislativa acotada por la crisis económica y con una inminente sucesión presidencial.
Los diputados tendrán el reto de consolidar un entramado legal que responda de inmediato a la crisis económica en que está inmerso el país, al incremento de la violencia detonada por las actividades del crimen organizado y a la falta de credibilidad institucional.
En San Lázaro —con presión por la falta de recursos suficientes para atender la operación gubernamental— no sólo habrá un encontronazo entre los partidos políticos, sino que además se enfrentarán los “presidenciables”, las televisoras, los empresarios, bloques de gobernadores, sindicatos y otros liderazgos regionales.
El PAN llega con la derrota electoral sobre sus hombros y con liderazgos que no garantizan afinidad con el presidente Felipe Calderón; el PRI, en su alianza con el PVEM, se posiciona como mayoría; el PRD, con el fantasma de las pugnas internas; PT y Convergencia, bajo la visión de Andrés Manuel López Obrador, y Nueva Alianza, atento a Elba Esther Gordillo Morales.
La sucesión
La Cámara de Diputados es considerada la “caja de resonancia” del país. Ahí convergen todos los temas.
Ahí estarán representados los personajes que han sido considerados “presidenciables” en el seno de cada fuerza política nacional.
Gabinete de Comunicación Estratégica ubica en el PRI a Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y Fidel Herrera; en el PAN, a Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Manuel Espino, y en el PRD a Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Jesús Ortega.
Cada uno de estos personajes contará con representación en la 61 Legislatura de la Cámara de Diputados.
Los influyentes
Un análisis de Verónica Ortiz, del Grupo de Economista y Asociados (GEA), detalla que por el número de legisladores el personaje más influyente en San Lázaro será el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, con 43 de 500 legisladores (casi 10% del pleno camaral).
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, al igual que Andrés Manuel López Obrador, tendrán 29 diputados afines cada uno; el líder nacional del PRD, Jesús Ortega, 24; el gobernador guanajuatense Manuel Oliva, 16, mientras que relacionados con el presidente Felipe Calderón, sólo 15.
La presidenta nacional del PRI, nueve, mientras que Manlio Fabio Beltrones y Mario Marín, 12 cada uno; el oaxaqueño Ulises Ruiz alcanzaría un apoyo de 14 legisladores. Los gobernadores de Baja California, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas, ocho cada uno; los de Hidalgo y Chihuahua, siete cada uno; además de seis pertenecientes al grupo político de Vicente Fox.
También ubica a 34 diputados pertenecientes a diferentes sindicatos, señala a 11 como afines al empresariado y seis más a las televisoras.
En suma, 69 priístas irían con diferentes gobernadores, 43 con Peña Nieto, 29 con el veracruzano Fidel Herrera, 29 con AMLO, 34 con Nueva Izquierda (los Chuchos) y sus aliados, 15 con Calderón, 24 con los “liberales” del PAN y 36 con el ala dura del albiazul. De los 500 diputados, 59 ya fueron legisladores federales. 

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El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) compartió la necesidad de modificar el modelo económico del país, si ello está encaminado a instrumentar reformas estructurales.
La raíz de muchos de los problemas económicos que enfrenta México deriva de la falta de cambios estructurales, expuso el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en su publicación semanal Análisis económico ejecutivo.
La crisis ha puesto de manifiesto que México necesita reformas de fondo, no arreglos provisionales o incompletos. Su aprobación e instrumentación dependerá de acuerdos esenciales y sobre todo, de compromisos que rebasen intereses partidistas o particulares.
El CEESP precisa que recientemente muchos actores políticos han comentado la necesidad de modificar el modelo económico, con el argumento de que es el origen del bajo crecimiento económico.
Estamos de acuerdo con la necesidad de modificar el modelo, si ello está encaminado a instrumentar las reformas en materia fiscal, laboral y energética, entre otras, que desde hace varios años hemos insistido en que es fundamental aprobar para que funcione mejor el aparato productivo y se generen más y mejores empleos.
Afirma que en la estructura productiva actual aún prevalecen muchas leyes, regulaciones y normas, así como prácticas y costumbres de corrupción, emanadas de un sistema económico de intervención excesiva del Estado.
Por ello, la raíz de muchos de los problemas económicos derivan de la falta de cambios estructurales necesarios para que el país avance a un ritmo que permita atender las demandas de una población creciente, a la que se le debe ofrecer oportunidades y empleos productivos para alcanzar un mejor nivel de vida.
Advierte que la situación fiscal para 2010 es difícil y preocupante, ya que los requerimientos financieros inerciales del sector público serán de alrededor de 480,000 millones de pesos.
De acuerdo con el CEESP, para iniciar el cambio estructural profundo que requiere el país se deben reformar integralmente las finanzas públicas.
Se requiere de un sistema hacendario competitivo, que fomente la productividad, premie el trabajo y la inversión; castigue el desperdicio de recursos y promueva la creación de empresas.
Por el lado del ingreso, explica, dicha reforma debe establecer un sistema tributario sencillo de cumplir, con impuestos competitivos que no representen una nueva y excesiva carga para los causantes cautivos y los ciudadanos.
En materia de gasto, es necesario un cambio que elimine el exceso y el desperdicio, así como la corrupción y la falta de rendición de cuentas, ya que en la última década el gasto público programable aumentó 80% en términos reales, es decir, casi 5.0 puntos del PIB.
Por ello, la reforma del gasto implica recortes importantes en todas las áreas de gobierno, en todos los niveles. No es posible llevar a cabo una reforma fiscal esponsable, que pretenda generar ingresos suficientes para cubrir los requerimientos financieros, sin que se paralice la inversión y el ahorro.
El recorte debe ser en todos los órdenes de gobierno. El Ejecutivo puede poner el ejemplo eliminando las secretarías de la Función Pública, de Turismo y de la Reforma Agraria e integrar sus funciones en alguna otra dependencia u organismo, concluye.

El Economista.com.mx 

La oposición de centroizquierda arrasó en los comicios legislativos de este domingo en Japón con un ambicioso programa de cambio social, poniendo fin a más de cinco décadas de dinastía conservadora en la segunda economía mundial.
Según las estimaciones a boca de urna divulgadas por diferentes televisiones, el Partido Demócrata de Japón (PDJ), liderado por Yukio Hatoyama, obtendría entre 298 y 329 escaños de los 480 de la Cámara de Diputados.
Hatoyama, de 62 años, un rico heredero de una dinastía de políticos comparada a menudo con los Kennedy, será nombrado primer ministro por el parlamento dentro de unas dos semanas.
En cambio, el todopoderoso Partido Liberal Demócrata (PLD, derecha) que gobernó durante los últimos 54 años con un breve paréntesis de diez meses en 1993-94, conseguiría entre 84 y 131 escaños, lo que equivale a una derrota aplastante.
Sin esperar a conocer los resultados oficiales, que serán anunciados el lunes por la mañana, el primer ministro Taro Aso, de 68 años, reconoció la debacle electoral y dijo tener la intención de dejar la jefatura del PLD.
Asumo mi responsabilidad y voy a dimitir, afirmó.
De todos modos Aso, quien últimamente batió records de impopularidad, seguirá al frente del gobierno hasta el nombramiento de Hatoyama.
El PDJ, un movimiento heteróclito que ya es mayoritario en el Senado gracias al apoyo de otros dos partidos de la oposición, tendrá ahora mayoría absoluta en el parlamento y por tanto vía libre para emprender su ambicioso programa de reformas.
Muy sonriente, Hatoyama dio las gracias a los votantes por su apoyo y aseguró que ahora el principal desafío será convertir esta victoria en la del pueblo, sin ser arrogante.
Voto de castigo
La apuesta por el cambio de los japoneses es también un voto de castigo por los excesos de la política liberal aplicada por el PLD en los últimos años, a la que culpan de las crecientes desigualdades sociales, del desempleo y de la precariedad.
En contraposición, el centrista PDJ quiere poner su política al servicio de la vida de la gente, con un programa muy generoso en subsidios, tanto para las pensiones de vejez como para las familias y los más desfavorecidos.
Partidario de reactivar la economía a través del consumo, el partido vencedor prometió la gratuidad parcial de la enseñanza, ayudas por nacimientos y la supresión de los peajes en las autopistas.
En el ámbito diplomático, Hatoyama se decanta por un Japón más independiente de Estados Unidos y volcado en Asia, sin por ello poner en entredicho su alianza estratégica con Washington.
De hecho el presidente estadounidense Barack Obama espera una alianza fuerte con el próximo primer ministro.
La victoria de la oposición desencadenó un estallido de júbilo y un estruendo de aplausos en el cuartel general del PDJ, situado en Roppongi, uno de los barrios de moda de Tokio.
Pero Hatoyama sabe muy bien que una vez que decaiga la exaltación empezarán las cosas serias para este joven partido que nunca ha gobernado. Una gran responsabilidad, confesó.
Reformas rápidas
El respiro será corto. El lunes el PDJ nombrará un equipo restringido que se encargará de garantizar una transición sin sobresaltos con la administración saliente, siguiendo el modelo estadounidense. Una ocasión para adquirir algo de experiencia.
El PLD, artífice del milagro económico que convirtió a Japón en la segunda potencia económica mundial, se lleva la cruz de la moneda, relegado a la oposición.
Y hoy su estancia en la oposición podría ser mucho más larga que los diez meses de los años 1990, ya que tiene frente a él a un gran partido mayoritario que hará cuanto pueda para permanecer en el poder.
Dentro de este contexto es muy probable que los conservadores aprovechen para reformar el partido. Aso ya se pronunció en este sentido.
Como simple miembro, debo luchar por la renovación del PLD, declaró tras anunciar su próxima dimisión y admitir una derrota que cierra un capítulo político en Japón.

El Economista.com.mx 

El FInanciero en linea 

Tres empresas transnacionales perdieron el amparo contra el cobro del arancel que impuso México a productos agrupados en 89 fracciones arancelarias, como represalia comercial porque las autoridades de Estados Unidos suspendieron el programa piloto de autotransporte fronterizo.
La subsecretaria de Comercio Exterior de la SE, Beatriz Leycegui, dijo que los jueces mexicanos consideraron que la medida de imponer aranceles es totalmente legal, aunque las compañías pueden proceder a la siguiente instancia para impugnar esa decisión.
Y es que hasta finales de mayo se sabía que 13 firmas nacionales y de origen extranjero solicitaron amparo contra ese cobro, entre éstas las relacionadas con productos de limpieza, comida y electrodomésticos como Cambells, Colgate Palmolive, Mabe, Whirlpool, Capullo, La Madrileña y Johnson & Johnson.
Aunque pidieron el amparo, no se les eximió del pago del arancel.
La funcionaria de la Secretaría de Economía (SE) dijo que a pesar de que desde marzo pasado el gobierno mexicano impuso aranceles como represalia comercial, las autoridades de EU no han presentado una propuesta de solución.
Sabemos que todavía no se presenta; la iniciativa está todavía en manos del Ejecutivo estadounidense y hasta el momento no hemos recibido una propuesta específica de solución para este problema, por el cual se incumple el compromiso de permitir que cien compañías de autotransporte mexicanas transiten por territorio de EU y viceversa.
El Programa Demostrativo de Autotransporte Fronterizo inició en 2007 como una medida para que EU cumpliera con la obligación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de dejar el libre paso a los autotransportes mexicanos en su territorio.
Leycegui explicó que la autoridad estadounidense presentará una iniciativa a su Congreso para que reactiven la medida o se inicie una similar.

El FInanciero en linea 

La 61 Legislatura de la Cámara de Diputados inicia con un pleno seccionado por intereses —con legisladores identificados con al menos 15 personajes de la política—, con una agenda legislativa acotada por la crisis económica y con una inminente sucesión presidencial.
Los diputados tendrán el reto de consolidar un entramado legal que responda de inmediato a la crisis económica en que está inmerso el país, al incremento de la violencia detonada por las actividades del crimen organizado y a la falta de credibilidad institucional.
En San Lázaro —con presión por la falta de recursos suficientes para atender la operación gubernamental— no sólo habrá un encontronazo entre los partidos políticos, sino que además se enfrentarán los “presidenciables”, las televisoras, los empresarios, bloques de gobernadores, sindicatos y otros liderazgos regionales.
El PAN llega con la derrota electoral sobre sus hombros y con liderazgos que no garantizan afinidad con el presidente Felipe Calderón; el PRI, en su alianza con el PVEM, se posiciona como mayoría; el PRD, con el fantasma de las pugnas internas; PT y Convergencia, bajo la visión de Andrés Manuel López Obrador, y Nueva Alianza, atento a Elba Esther Gordillo Morales.
La sucesión
La Cámara de Diputados es considerada la “caja de resonancia” del país. Ahí convergen todos los temas.
Ahí estarán representados los personajes que han sido considerados “presidenciables” en el seno de cada fuerza política nacional.
Gabinete de Comunicación Estratégica ubica en el PRI a Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y Fidel Herrera; en el PAN, a Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Manuel Espino, y en el PRD a Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Jesús Ortega.
Cada uno de estos personajes contará con representación en la 61 Legislatura de la Cámara de Diputados.
Los influyentes
Un análisis de Verónica Ortiz, del Grupo de Economista y Asociados (GEA), detalla que por el número de legisladores el personaje más influyente en San Lázaro será el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, con 43 de 500 legisladores (casi 10% del pleno camaral).
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, al igual que Andrés Manuel López Obrador, tendrán 29 diputados afines cada uno; el líder nacional del PRD, Jesús Ortega, 24; el gobernador guanajuatense Manuel Oliva, 16, mientras que relacionados con el presidente Felipe Calderón, sólo 15.
La presidenta nacional del PRI, nueve, mientras que Manlio Fabio Beltrones y Mario Marín, 12 cada uno; el oaxaqueño Ulises Ruiz alcanzaría un apoyo de 14 legisladores. Los gobernadores de Baja California, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas, ocho cada uno; los de Hidalgo y Chihuahua, siete cada uno; además de seis pertenecientes al grupo político de Vicente Fox.
También ubica a 34 diputados pertenecientes a diferentes sindicatos, señala a 11 como afines al empresariado y seis más a las televisoras.
En suma, 69 priístas irían con diferentes gobernadores, 43 con Peña Nieto, 29 con el veracruzano Fidel Herrera, 29 con AMLO, 34 con Nueva Izquierda (los Chuchos) y sus aliados, 15 con Calderón, 24 con los “liberales” del PAN y 36 con el ala dura del albiazul. De los 500 diputados, 59 ya fueron legisladores federales.

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Primera parte
Las pretensiones de alcanzar grados de eficiencia y legalidad en el gobierno federal han fracasado en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, acusan analistas. La instancia encargada de dar transparencia y combatir la corrupción, la Secretaría de la Función Pública, ha sido encabezada por amigos y aliados políticos de ambos presidentes.
“En esta y otras secretarías vemos a los amigos y parientes dentro de los organigramas, no a profesionales. Incluso se ha terminado por trabar los servicios de carrera de algunas de ellas (tenemos el caso sintomático de Relaciones Exteriores). Por ello el discurso de la eficacia es un discurso vacío”, dice Israel Covarrubias, director de la revista especializada Metapolítica.
Desde la Secodam hasta la Función Pública, se crearon marcos jurídicos y herramientas preventivas como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Pero no se han logrado prevenir, abatir ni sancionar prácticas de corrupción e impunidad en la gestión pública, señalan.
Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional lo confirman: 197 millones de servicios públicos a ciudadanos se dieron mediante soborno en 2007; en 2005 fueron 115 millones. Estas cifras fueron claves para situar al país en la posición 72 de 180 naciones evaluadas a partir de la corrupción que perciben los ciudadanos de sus autoridades.
Desde el primer contralor panista, Francisco Barrio, hasta Germán Martínez –de los políticos más allegados a Calderón– y el actual secretario Salvador Vega, el órgano supervisor es una farsa, sostiene María Teresa Magallón, jefa del área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la UAM Azcapotzalco.

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